Ley Contra Desalojo Arbitrario garantiza derechos humanos de niñas y niños

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Publicado: 
Mar, 10/05/2011 - 01:33
Ley Contra Desalojo Arbitrario garantiza derechos humanos de niñas y niños
El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, explicó este lunes que la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, garantiza los derechos humanos de las niñas y niños.

“Este instrumento jurídico busca evitar la humillación, la sorpresa y el impacto que sobre los niños y niñas tiene el desalojo arbitrario de los ocupantes de los inmuebles” (…) y prohíbe que se produzcan de noche y en fines de semana, donde los niños son expuestos a este drama”, explicó el alto funcionario.

Tas reunirse con integrantes del Movimiento de Pobladores, el Vicepresidente Jaua dijo que esta Ley no prohíbe el desalojo, sino que lo regula.

Desde la sede de la Vicepresidencia de la República, tras efectuarse una reunión con diferentes movimientos sociales cuyo trabajo está orientado hacia el derecho a la vivienda, el Vicepresidente Jaua dijo que esta Ley no prohíbe el desalojo, sino que lo regula, pero que sí restringe el desalojo forzoso.

Aclaró que la normativa protege a los arrendatarios, comodatarios y ocupantes de viviendas, así como a los adquirientes de viviendas nuevas o en el mercado secundario, contra la desocupación arbitraria, judicial o administrativa

“Protege a los ocupantes por cualquier título que se tenga incluso a los trabajadores residenciales, restringe la ejecución de desalojos forzosos supeditando tal acción a un procedimiento administrativo previo efectuado por instancias administrativas que autorizaría la materialización del desalojo”, agregó Jaua.

Destacó que el decreto da la oportunidad al propietario y al ocupante de solucionar la controversia por vía pacífica. “Se establece una audiencia conciliatoria la posibilidad de resolver antes de llegar a instancias judiciales o administrativas, la vía de la resolución pacífica de la controversia”, añadió.

Si fuese necesario llegar al desalojo vía judicial deberá realizarse en el marco del respeto de los derechos humanos.

Resaltó que la Ley protege además a los pequeños propietarios cuyo sustento proviene del arrendamiento de un inmueble. Contrastó esta figura con las grandes compañías inmobiliarias que generalmente sus dueños no viven en el país.
SOBRE LA LEY ESPECIAL PARA LA DIGNIFICACIÓN DE TRABAJADORES RESIDENCIALES

Por otra parte, Elías Jaua, indicó que la Ley Especial para la Dignificación de Trabajadoras y Trabajadores Residenciales, busca la igualdad de las condiciones y derechos laborales para los trabajadores residenciales conocidos como conserjes.

“Esta ley lo que busca es una sana convivencia y un trato digno entre los trabajadores residenciales y quienes habitan los condominios de edificios y de otros complejos urbanísticos”, afirmó jaua.

Expuso que la norma establece claramente el objeto para el cual son contratados los trabajadores y trabajadoras residenciales, que es el mantenimiento de las áreas comunes de los edificios. En ese sentido, se refirió al hecho de que generalmente “se ve a los conserjes haciendo trabajos eléctricos, de plomería, trabajos de mudanza cuando no es su especialidad”.

El alto funcionario señaló que el instrumento legal estipula que la jornada laboral de las y los trabajadores residenciales es de 8 horas y no de 24 . Así mismo, especifica que las trabajadoras tiene derecho a la lactancia, a la recreación, al estudio “porque no son esclavos ni prisioneros”.

“La Ley del trabajo vigente que el Presidente de la República ha exhortado a la Asamblea Nacional a apurar y a desarrollar una nueva Ley Orgánica del trabajo que se corresponda con la Constitución, estableció regímenes especiales para ir ensayando los modelos para la flexibilización laboral que impuso el modelo neoliberal en buena parte del país”.
DE LA LEY ORGÁNICA PARA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Por último, el Vicepresidente Jaua señaló que la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, promulgada por el Presidente Hugo Chávez, comprende una reivindicación histórica de los ocupantes de los barrios urbanos del país.

Acotó que los ocupantes de las comunidades populares “nunca han tenido hasta que llegó la Revolución Bolivariana la garantía de la propiedad sobre el territorio que están habitando (…) Esta Ley busca darle poder al pueblo y más instrumento al Gobierno Bolivariano para que las comunidades urbanas tengan la seguridad de la propiedad comunal sobre el territorio que habitan”.





Fuente: Correo del Orinoco



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LA EXPROPIACIÓN ATEMPORAL POR VÍA INDIRECTA DE LAS VIVIENDAS EN VENEZUELA
La reciente promulgación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, representa una de las violaciones más degradantes y descaradas que un gobierno del siglo XX y XXI, en toda la historia contemporánea, bien sea de ideología comunista, socialista o democrático, haya realizado contra los ciudadanos honestos que alquilan sus viviendas principales y contra el derecho constitucional, sagrado e inviolable de disposición y de propiedad de una vivienda. Este decreto es de corte dictatorial ya que no se consultó con la parte jurídica de la relación más débil: el arrendador o propietario de una vivienda principal que sufre de los abusos de inquilinos morosos, o que violan el contrato de arrendamiento, o que desea regresar a su vivienda para vivir con su grupo familiar. A ello se ha de agregar el “congelamiento” de los precios de los alquileres desde el año 2006, ya que si el inquilino se niega a pagar los ajustes por inflación “se acoge a dicho decreto”, por lo que se hace imposible obtener un precio justo para el arrendador, dado el proceso inflacionario.
Pero lo más inaudito de este Decreto de la Ley Habilitante es que suspende todos los juicios de arrendamientos de viviendas principales (ejemplo: la única propiedad que tiene una persona, cuando es el caso que vive alquilado en otro Estado)  para transferir el problema de morosidad, incumplimiento del contrato o término del contrato de arrendamiento a un procedimiento engorroso administrativo de negociación que va en detrimento del la parte más débil: el propietario del inmueble, el viejito, la viejita, el asalariado y la asalariada que alquila su vivienda por mudanza de trabajo a otro estado.
Pero no toda esta injusticia termina allí, solo después del proceso de conciliación  y negociación en vía administrativa, de no estar las partes de acuerdo, recién puede dirigirse el propietario del inmueble a los tribunales de la República para formalizar la demanda; el caso es que se suspende la ejecución forzada de la sentencia, porque se señala que el juez no podrá ejecutar el desalojo hasta que el Gobierno no le asigne una vivienda al inquilino. O sea, que se ha decretado una expropiación atemporal por vía indirecta y simulada de las viviendas arrendadas (hasta el año 2017 ¿?), y se condena a mendigar el sustento a más de 1,5 millones de familias honestas, que tienen una sola vivienda, porque será imposible satisfacer las necesidades habitacionales a los 2 ò 3 millones de familias que se inscribirán en la Misión Vivienda.
Confieso que siempre le di el voto a Chávez en todos los procesos electorales, hoy como afectado, sufro en carne propia esta infamia, ya que no puedo regresar con mi grupo familiar a mi vivienda, ni mucho menos pagar el alquiler que pago donde resido en otro Estado por estar desempleado.

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